En la Acción de Inconstitucionalidad 155/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el análisis sobre la constitucionalidad de una norma debe realizarse de conformidad con los parámetros de regularidad constitucional establecidos en el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al momento de que se realiza el control concentrado de constitucionalidad; dicho criterio fue reiterado en el Amparo Directo en Revisión 6024/2014.

Al tenor de esta directriz, queda excluida cualquier posibilidad de observancia o aplicación del contexto normativo constitucional vigente al momento de cometerse el delito, la detención del quejoso con motivo de la realización de aquél, en que aconteció la violación a derechos humanos que se aduce o, incluso, en que se dictó el acto reclamado en el juicio de amparo.

Asumir como válida una práctica contraria conduciría al extremo de reconocer que coexiste en el ámbito jurídico mexicano diversos sistemas constitucionales, identificados por el contenido de las normas constitucionales que se defina por las reformas o modificaciones que se le hayan realizado; cuya vigencia y aplicación estará condicionada al momento en que haya tenido lugar el hecho que actualice el supuesto de aplicación de la norma constitucional en concreto.

Por tanto, el único sistema constitucional que puede emplearse para realizar el control de constitucionalidad concentrado al momento de resolver el juicio de amparo es el que constituye derecho positivo y se encuentra vigente; pues no existe otro, en virtud de que la reforma o modificación del texto de una norma constitucional, a partir de que entre en vigor, genera que deje de ser eje rector de aplicación y observancia el contenido anterior, porque ha sido sustituido.

Categorías: Doctrina

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