El 13 de abril de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso 11.618 contra la República Argentina a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana.

De acuerdo con la Comisión, el caso se relacionaba con el desconocimiento de una serie de garantías, incluyendo el principio de legalidad y no retroactividad y el derecho de defensa, así como la falta de garantía del derecho a recurrir el fallo condenatorio en los términos previstos en la Convención y del derecho a contar con un recurso efectivo para subsanar dichas violaciones.

Las supuestas violaciones se habrían cometido a partir de la condena penal por homicidio culposo impuesta al peticionario por primera vez en segunda instancia tras una absolución en primera instancia, en razón de un accidente de tránsito del que fue parte y a raíz del cual falleció una persona.

Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional de Argentina por la alegada violación [d]el principio de legalidad e irretroactividad, el derecho de defensa, el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 9, 8.2.c), 8.2.h) y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Oscar Alberto Mohamed”.

La Comisión sostuvo que la garantía establecida por el artículo 8.2.h de la Convención no consiste en un derecho a dos instancias, sino a una revisión, por parte de un tribunal superior, del fallo condenatorio [] independientemente de la etapa en que [este] se produzca, conclusión que apoya no sólo [en el] texto del artículo 8.2.h) [] que no distingue entre etapas procesales, sino de los trabajos preparatorios de la Convención Americana en los cuales se refleja la modificación de un borrador inicial que se limitaba a la revisión del fallo en primera instancia. Asimismo, se refirió al criterio del Comité de Derechos Humanos que ha interpretado el artículo 14.5 del Pacto. Resaltó también que toda persona condenada, aun en segunda instancia tras la absolución en primera instancia, tiene derecho a solicitar una revisión de cuestiones de diverso orden y a que las mismas sean analizadas efectivamente por el tribunal jerárquico que ejerce la revisión, precisamente con el objeto de corregir posibles errores de interpretación, de valoración de pruebas o de análisis, tal y como lo alegó la defensa del [señor] Mohamed en cada una de las instancias a las que recurrió. La Comisión sostuvo que contra la sentencia penal condenatoria impuesta en la segunda instancia contra el señor Mohamed únicamente procedía el recurso extraordinario y que este no otorga una revisión oportuna, accesible y eficaz de acuerdo con los estándares [convencionales], puesto que el alcance de esa revisión es limitado y restringido a cuestiones de constitucionalidad y arbitrariedad manifiestas.

la Corte interpretó que el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado, ya que la condena es la manifestación del ejercicio del poder punitivo del Estado. Resulta contrario al propósito de ese derecho específico que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión absolutoria. Interpretar lo contrario, implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena. Se trata de una garantía del individuo frente al Estado y no solamente una guía que orienta el diseño de los sistemas de impugnación en los ordenamientos jurídicos de los Estados Partes de la Convención.

Parala Corte se trata de un derecho que asiste al condenado, y consideró relevante acudir al lenguaje concreto del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, al referirse al derecho a recurrir del fallo, expresamente establece que es una garantía que tiene [t]oda persona declarada culpable de un delito (énfasis agregado). En otra oportunidad la Corte ha manifestado que dicha norma del Pacto es muy similar al artículo 8.2.h de la Convención Americana.

La Corte concluye que, en los términos de la protección que otorga el artículo 8.2.h de la Convención Americana, el señor Mohamed tenía derecho a recurrir del fallo proferido por la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones el 22 de febrero de 1995, toda vez que en éste se le condenó como autor del delito de homicidio culposo.

Categorías: Doctrina

1 comentario

arangapau · 30 mayo, 2019 a las 2:14 pm

De qué manera pudiera hacerle ver al sistema jurídico mexicano que su estructura está carente de una supervisión sobre los órganos jurisdiccionales con la finalidad de que éste tipo de tropelías no trasciendan y provoquen que un ciudadano de a pie que fue absuelto en primera instancia por falta de elementos, en una segunda instancia con las mismas pruebas con las que el juez de lo natural le otorgó su inmediata y absoluta libertad, venga a revocar esa absolución y dicte una sentencia condenatoria afectando de forma irreparable su esfera jurídica y que al existir esa contradicción entre ambas instancias no exista el recurso efectivo, un tercero en discordia, que ayude a definir de forma firme tal situación, para así evitar que la ley se siga aplicando según el criterio de los encargados de la importación de justicia y sea aplicada conforme a derecho y conforme a como está escrita sin soslayar que el «criterio» de los tales pueda ser motivado por la corrupción y el amor al dinero, que es la raíz de todos los males.

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