La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Primera Sala o la Sala) se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la manera en que deben interpretarse los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional para restringir la libertad personal.

Estos pronunciamientos, reiterados en varios precedentes recientes de la Primera Sala, integran ya una doctrina constitucional que interpreta de manera restrictiva los límites de la libertad personal.

Las restricciones a este derecho están constitucionalmente limitadas y, como la Sala ha reiterado, la interpretación de sus requisitos también debe ser en un sentido estricto o limitado. Entre esos precedentes destacan la acción de inconstitucionalidad 20/2003, del Pleno; y de la Sala cabría mencionar el amparo directo 14/2011, los amparos directos en revisión 2470/2011, 517/2011, 3229/2012, 4822/2014, y los ya citados 3506/2014, 3623/2014, 879/2014, entre otros.

Según lo dicho por la Sala, se estableció que la obligación de interpretar las limitaciones al derecho a la libertad personal en su sentido más estricto, opera respecto a cualquier detención.
Así, el debido cumplimiento de los derechos protegidos en el artículo 16 constitucional y el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana, la Convención, el Pacto de San José o el Pacto) se traduce en un deber dirigido, tanto a la autoridad investigadora como al juez (al analizar su validez), para correr un estándar o un test dirigido a comprobar si una detención cumple como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) con requisitos de legalidad de la detención en estricto sentido.

El contenido del derecho a la libertad personal en el marco de la Convención Americana. Con relación a este derecho fundamental, el Pacto de San José dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 7
Derecho a la libertad personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Lo anterior, se proyecta sobre la amplia y detallada regulación que se ha dispuesto para la libertad personal en el artículo 7 de la Convención Americana. De la descripción y análisis del citado artículo, se aprecia que tiene una regulación general y otra específica, que deben ser diferenciadas. La primera de ellas, se encuentra en el artículo 7.1, que reconoce en términos generales los derechos a la libertad y a la seguridad personal. La segunda, está integrada por una serie de garantías concretas: el artículo 7.2 protege el derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal; el 7.3 dispone el derecho a no ser privado arbitrariamente de la libertad personal; el 7.4, a que la persona detenida conozca las razones de la detención, así como los cargos que se formulen en su contra; el 7.5, reconoce el derecho de toda persona a que su detención sea controlada judicialmente, así como a la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva; el 7.6, establece que toda persona tiene derecho a controvertir la legalidad de la detención y, finalmente, el 7.7, que reconoce el derecho de toda persona a no ser detenida por deudas.
Por las razones apuntadas, cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7 de la Convención Americana deberá implicar, indefectiblemente, la violación al artículo 7.1 del citado instrumento. La falta de respeto a las garantías reconocidas a las personas privadas de la libertad tiene como consecuencia la falta de protección de sus derechos a la libertad y seguridad personal.

Ahora bien, el artículo 7.2 del Pacto de San José dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Este numeral reconoce la garantía de la reserva de ley, según la cual sólo por medio de una ley el derecho a la libertad personal puede ser afectado. En el ámbito de la Convención Americana, se entiende por ley, una norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente electos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.

La reserva de ley debe ir acompañada, necesariamente, del principio de taxatividad. Este principio obliga a los Estados a establecer de manera concreta y precisa las causas y condiciones de la privación de la libertad física. Asimismo, estas causas y condiciones deben establecerse de manera previa. Por ello, el artículo 7.2 de la Convención remite a la regulación interna. De esta manera, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido por las autoridades del Estado al privar a una persona de la libertad, generará que tal privación sea calificada como ilegal, por ser contraria al Pacto de San José.
Por último, el artículo 7.6 de la Convención Americana protege el derecho de toda persona privada de la libertad a recurrir la licitud de su detención ante un juez o tribunal competente, con la finalidad de que la controle sin dilación. Con lo anterior, el Pacto de San José está determinando con claridad que el control de la privación de la libertad debe ser siempre por parte de las autoridades judiciales.

Lo que lleva a decir que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas órdenes de búsqueda, localización y presentación, ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en el que se le interroga, pues ello equivale materialmente, a una detención.
Igualmente debe tenerse presente que los agentes de la Policía que reciben la instrucción por parte de la representación social, de atender una orden de la naturaleza mencionada, sólo están facultados para notificar a la persona la existencia de una averiguación previa en su contra e indicarle que tienen derecho a comparecer ante dicha autoridad a rendir declaración, pero bajo ninguna circunstancia deben detener a la persona y ponerla a disposición del Ministerio Público contra su voluntad.

En ese sentido, si al ser notificado de la orden de búsqueda, localización y presentación, el buscado no expone su deseo de comparecer ante el agente del Ministerio Público, el órgano acusador debe continuar las investigaciones pertinentes para hacerse de los medios de pruebas necesarios para estar en condiciones de acudir ante una autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión o, en su caso, dictar él mismo una orden de caso urgente si se actualizan los supuestos señalados.

Al resolver el amparo directo en revisión 2871/2015 la Primera Sala hizo importantes precisiones en torno al derecho a la libertad personal, en el sentido de que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas órdenes de búsqueda, localización y presentación, ni obligarlo a que permanezca en contra de su voluntad en el lugar en el que se le interroga, pues ello equivaldría materialmente a una detención.

A manera de ejemplo se indicó que cuando los agentes de policía cuentan con una orden de búsqueda, localización y presentación expedida por el Ministerio Público, para lo único que se encuentran facultados es para notificar a esa persona la existencia de una averiguación previa en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante el Ministerio Público, para realizar su correspondiente declaración, pero bajo ninguna circunstancia pueden detenerla y ponerla a disposición del Ministerio Público en contra de su voluntad.

Se estableció que una vez notificada la orden de búsqueda, localización y presentación, si el indiciado manifiesta que no es su deseo declarar ante el agente al Ministerio Público, este último deberá continuar las investigaciones pertinentes para hacerse de los medios de prueba necesarios, para estar en condiciones de acudir ante una autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión o, en su caso, dictar él mismo la detención por caso urgente si se actualizan los supuestos señalados en los precedentes de este Alto Tribunal que lo autorizan.

Se precisó que si la orden de búsqueda, localización y presentación no tiene como propósito que se recabe la declaración ministerial del indiciado, sino que se le detenga, se dará un efecto distinto a la orden decretada, lo que se traducirá en una real detención que escapa al régimen constitucional sobre la restricción de la libertad personal.

Para la Primera Sala, actuar en contrario implicará una detención arbitraria, la que deberá invalidarse con todos los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la misma.

Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. CLXXV/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, p. 697; de rubro y texto:

ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN CONTRA UN INCULPADO EN UNA INVESTIGACIÓN MINISTERIAL. ES ILEGAL CUANDO EXCEDE LOS EFECTOS JURÍDICOS PARA LOS QUE FUE EMITIDA. En diversos precedentes, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen constitucional de detenciones sólo admite las órdenes de aprehensión, flagrancia o caso urgente; de ahí que el Ministerio Público no puede forzar la comparecencia de un indiciado mediante las denominadas «órdenes de búsqueda, localización y presentación», ni obligarlo a que permanezca contra su voluntad en el lugar en que se le interroga, pues ello equivale materialmente a una detención. Así, cuando los agentes de la policía cuentan con esta orden expedida por el Ministerio Público contra un indiciado, sólo están facultados para notificar a esa persona la existencia de la indagatoria en su contra y señalarle que cuenta con el derecho de comparecer ante la autoridad ministerial para realizar su declaración correspondiente, ante lo cual, éste puede expresar su deseo de no hacerlo, esto es, los agentes no pueden detenerlo y ponerlo a disposición contra su voluntad, pues tal acto constituirá materialmente una detención arbitraria, lo que también ocurre cuando el Ministerio Público de una entidad federativa cumplimenta un oficio de colaboración y gira una orden de esa naturaleza con el propósito de recabar la declaración ministerial del inculpado en esa sede y, una vez que éste es presentado voluntariamente, sin recibir su declaración, el fiscal devuelve la indagatoria junto con el inculpado a su lugar de origen, pues en estos casos, dicha orden excede sus efectos jurídicos y produce materialmente una privación de la libertad personal del quejoso, ya que no tuvo el exclusivo propósito de que se recabara la declaración ministerial del inculpado por el órgano investigador habilitado, sino el de enviarlo a su lugar de origen, con lo que se da un efecto distinto a la orden decretada que se traduce en una real detención, ejecutada sin la existencia previa de una determinación que cumpliera con los requisitos constitucionales correspondientes.

Categorías: Doctrina

1 comentario

piensacritico · 10 marzo, 2018 a las 5:51 pm

Bueno, hay que estar atento a este tipo de información para poder proceder en contra de «servidores públicos» como estos, para que se la piensen dos veces antes de hacer sus pendejadas.

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