Nino Colman fue detenido y llevado a la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 11 de agosto de 2009.

La afectación a la libertad personal de Nino Colman fue en Contravención a lo que establece el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De las constancias del expediente se aprecia que la presentación de Nino ante el Ministerio Público fue ejecutada (en contra de su voluntad, pues no obra constancia alguna que acredite que compareció voluntariamente) el 11 de agosto de 2009, a las 16 horas, por agentes de la Policía Judicial de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en virtud de la Orden de Búsqueda, Localización y Presentación de 25 de mayo de 2009, como probable responsable de la comisión del delito de secuestro; emitida por el órgano investigador.

Por lo que los policías aprehensores llevaron a cabo su aseguramiento y el traslado a la agencia investigadora. Una vez ejecutada la Orden de Búsqueda, Localización y Presentación (detención material), los oficiales remitentes lo pusieron a disposición del Ministerio Público, el mismo día 11 de agosto de 2009 las 20:30 horas; quien mediante Constancia Legal de ese mismo día, siendo que se trataba de orden de Búsqueda, Localización y Presentación ordenó (entre otras) la valoración médica de su integridad; que quedara bajo custodia permanente; su fijación fotográfica; su identificación decadactilar y ordenó informar a CAPEA, como si ya estuviera formalmente detenido.

Además estimó pertinentes para la integración de la averiguación previa, entre otras providencias, investigar «su modus vivendi», «su modus operandi» y su supuesto «modo de participación» en algo que ha negado y seguirá negando rotundamente.

Igualmente recabó su declaración a las 13:30 horas del 12 de agosto de 2009, prolongando la omisión y el abuso que cometieron en su contra los policías aprehensores; dado que tampoco le informó que no estaba detenido, sino que se trataba de una Orden de Presentación.

No obstante, la autoridad ministerial, pese a que presentó a la fuerza a Nino, lo tuvo retenido casi un día, y aún así recabó su declaración y una vez obtenida (prácticamente a la fuerza), decretó con fundamento en los artículos 37, 265 y 282 del Código de Procedimientos Penales de Distrito Federal, Acuerdo de Formal Retención el 12 de agosto de 2009 a las 16:00 horas.

Es así, que las constancias que integran la causa, informan que el órgano técnico investigador avaló que sus policías lo presentaran a la fuerza y para, obtener su declaración.

Y así justificó su retención, como probable responsable dentro de la averiguación previa iniciada por el delito de secuestro; la cual no está prevista en ninguno de los preceptos citados como fundamento de la misma. (artículos 37, 265 y 282 del Código de Procedimientos Penales de Distrito Federal).

Y como si lo anterior no fuera poco, de la lectura del expediente se desprende que en el mismo obra una Razón del 13 de agosto de 2009 a las 16:29 horas, en donde se ordena trasladar a Nino al Juzgado 28 Penal, para ser notificado de la medida de arraigo.

Así, tras el cumplimiento de la orden de búsqueda, localización y presentación, el agente del Ministerio Público empezó a llevar a cabo una serie de diligencias propias de una detención y fue hasta el siguiente día, que recabó la declaración de Nino y ordenó su Retención (no detención) Formal, lo que es incorrecto, dado que al haber sido presentado en la forma en que lo fue, inmediatamente debió dejarlo en libertad y no desahogar la diligencia motivo de su comparecencia, o en su caso dejarle bien claro que no estaba detenido y por lo tanto era opcional para él declarar o no, y en caso de no declarar, debía ordenar su inmediata libertad en los términos de la ley.

Asimismo, se observa que la autoridad persecutora de los delitos, inadvirtió que la orden de presentación y localización que emitió no tenía por objeto restringir la libertad de Nino, sino lograr su comparecencia para que declarara si lo estimaba oportuno y una vez que terminara la diligencia se incorporara a sus actividades cotidianas; por tanto, no podía considerarse que se le privaba de su libertad, pues en todo caso el legislador hubiera sido omiso en prever la facultad de la autoridad investigadora para citar a personas a declarar, porque estos mandatos constituyen una orden de detención.

Lo que lleva a decir que el Ministerio Público no podía forzar la comparecencia de Nino mediante orden de búsqueda, localización y presentación, ni obligarlo a que permaneciera contra su voluntad en el lugar en el que se le interrogó, pues equivalió materialmente, a una detención arbitraria. Y si bien, expresamente el Ministerio Público no ordenó que me presentaran a la fuerza, debió percatarse que dicha presentación fue contra la voluntad de Nino.

Igualmente debe tenerse presente que los agentes de la Policía que recibieron la instrucción por parte de la representación social, de atender esa orden, sólo estaban facultados para notificar a Nino la existencia de una averiguación previa en en donde se le estaba relacionando e indicarle que tenía derecho a comparecer o no ante dicha autoridad a rendir declaración, pero bajo ninguna circunstancia debían detenerlo y mucho menos ponerlo a disposición del Ministerio Público contra su voluntad.

En ese sentido, si al ser notificado de la orden de búsqueda, localización y presentación, Nino no exponía su deseo de comparecer ante el agente del Ministerio Público, el órgano acusador debía continuar las investigaciones pertinentes para hacerse de los medios de pruebas necesarios para estar en condiciones de acudir ante una autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión o, en su caso, dictar él mismo una orden de caso urgente si se actualizan los supuestos señalados.

Bajo esos lineamientos, la afirmación que hicieron los agentes de la Policía de Investigación del Distrito Federal, en el sentido de que llevaron a cabo la detención o aseguramiento de Nino mediante el uso de la fuerza mínima, ya que según el dicho de los policías, intentó darse a la fuga (se niega categóricamente), así como las medidas llevadas a cabo por el órgano técnico investigador para la custodia e identificación del suscrito, informan que no se presentó voluntariamente a declarar; lo que conlleva a decir que fue objeto de detención arbitrañria, vulnerando así el artículo 7 de la Convención Americana.

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